Anatomía de una trama: cómo se mueve el dinero en los casos de corrupción
Comisiones, contratos troceados, sueldos sin trabajo, cajas B y ayudas sin control: cómo se mueve el dinero de la corrupción, con casos ya juzgados.
Los casos de corrupción parecen distintos, pero el dinero suele moverse por los mismos caminos. En este artículo explicamos los mecanismos más habituales con un criterio estricto: solo usamos como ejemplo hechos que un tribunal ha declarado probados. Las investigaciones abiertas no sirven para ilustrar cómo funciona algo, porque aún no se sabe si ocurrió.
1. La comisión por adjudicar obra o contratos
Es el esquema más sencillo: una empresa paga a quien decide o influye en un contrato público, y el coste se recupera en el propio contrato. Suele expresarse en un porcentaje.
- Caso Palau. El Supremo confirmó en 2020 que Convergència Democràtica de Catalunya cobró 6,6 millones de euros en comisiones ilegales de Ferrovial, canalizadas a través del Palau de la Música, con porcentajes de hasta el 4 % de las obras (elDiario.es).
- Caso Pretoria. Dos exconsejeros de la Generalitat de CiU admitieron haber cobrado comisiones de alrededor del 4 % por operación, unos 800.000 euros cada uno, en operaciones urbanísticas en Santa Coloma de Gramenet, cuyo exalcalde socialista fue condenado a 5 años y 8 meses (Qué!).
La señal de alarma: empresas que ganan una y otra vez contratos de la misma administración, y entidades intermedias (fundaciones, asociaciones) que reciben dinero de esas empresas sin una actividad que lo justifique.
2. El pago periódico al cargo público
En lugar de una comisión por operación, el corruptor paga una cantidad fija al cargo para tenerlo de su lado.
La sentencia del Supremo del caso mascarillas, de junio de 2026, da por probado un pago mensual de 10.000 euros desde octubre de 2019 hasta junio de 2022 vinculado al empresario Víctor de Aldama, y las gestiones para adjudicar 13 millones de mascarillas a una empresa vinculada a él (Público). El exministro José Luis Ábalos fue condenado a 24 años y su exasesor Koldo García a 19; la condena es firme desde que el Supremo rechazó sus incidentes de nulidad el 14 de octubre de 2026 (Artículo 14).
3. Sueldos públicos sin trabajo
Una forma de malversación es colocar en una empresa o administración pública a alguien que cobra sin trabajar. El dinero sale directamente del presupuesto público.
La misma sentencia del caso mascarillas considera probado que el exministro impulsó la contratación de una persona de su entorno personal en dos empresas públicas, Ineco y Tragsatec, sin que realizara un trabajo real. Según los hechos probados, solo acudió a Ineco en dos ocasiones y cobró 34.450 euros netos; en Tragsatec cobró 9.500,54 euros netos sin trabajar (Público).
4. Contratos amañados y troceados
La ley obliga a sacar a concurso los contratos públicos importantes y prohíbe trocearlos para evitar los controles. Los contratos menores, que pueden adjudicarse con menos trámites, tienen límites: 15.000 euros en servicios y suministros y 40.000 en obras (Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, BOE). Partir un contrato grande en varios pequeños, o diseñar los pliegos a medida de una empresa, permite elegir al adjudicatario.
En la pieza 7 del caso Púnica, la Audiencia Nacional condenó en julio de 2026 al exconsejero madrileño Francisco Granados a dos años y medio de prisión por fraude y prevaricación continuados, por amañar contratos públicos de festejos a favor de una empresa. También condenó a varios exalcaldes y absolvió a otros (Euronews). La fuente no indica si la sentencia es firme; mientras no lo sea, rige la presunción de inocencia.
5. La entidad «sin ánimo de lucro» como tapadera
Una fundación o asociación da apariencia de interés general y facilita contratos o convenios con administraciones sin concurso. En el caso Nóos, el Supremo condenó en junio de 2018 a Iñaki Urdangarin a 5 años y 10 meses por el dinero público que el Instituto Nóos obtuvo de gobiernos autonómicos (Valencia Plaza; Legal Today).
6. Urbanismo y sociedades instrumentales
Las recalificaciones de suelo multiplican su valor con una firma. En el caso Malaya, en Marbella, la Audiencia de Málaga condenó en 2013 al exasesor de urbanismo Juan Antonio Roca, y le impuso una multa de 240 millones de euros. El Supremo elevó en 2015 su pena de prisión de 11 a 17 años al añadir delito fiscal y agravar cohecho y blanqueo. Fue el primer ayuntamiento disuelto por corrupción en España (Público).
7. La caja B del partido
La financiación ilegal de partidos usa dinero fuera de la contabilidad oficial. En la primera época de la Gürtel, el Supremo confirmó en 2020 las penas a Luis Bárcenas y Francisco Correa y que el PP debía devolver 245.492 euros como «partícipe a título lucrativo», es decir, por beneficiarse sin haber cometido delito (Público). En noviembre de 2024, el Supremo confirmó que la reforma de la sede de Génova 13 se pagó en parte con dinero de la caja B del partido (elDiario.es).
8. Ayudas públicas sin procedimiento
Cuando se reparten subvenciones sin convocatoria ni control, el dinero puede acabar en manos de amigos o intermediarios. En los ERE de Andalucía se repartieron unos 680 millones en ayudas sociolaborales. En una de sus piezas, la Audiencia de Sevilla condenó en 2024 al exchófer de un ex director general de Trabajo por recibir 1,35 millones para sus empresas, dinero destinado en parte a gastos personales. La sentencia podía recurrirse (El Independiente). El Constitucional anuló en 2024 las condenas de los expresidentes Chaves y Griñán en la pieza política (Ara).
Y las puertas giratorias
Pasar de un cargo público a una empresa del sector que se regulaba no es delito en sí. La Ley 3/2015 obliga a los altos cargos a esperar dos años antes de trabajar para empresas afectadas por sus decisiones (BOE). Solo es corrupción si se demuestra un pago por decisiones previas.
Qué tienen en común
- Casi siempre hay un intermediario: un asesor, una fundación, un empresario.
- El dinero se mueve en efectivo o a través de sociedades que no tienen actividad real.
- Los controles fallan donde hay prisa (la pandemia) o discrecionalidad (urbanismo, ayudas).
Herramienta relacionada: Especial corrupción en España: casos desde 1969.
Fuentes
- elDiario.es: El Supremo confirma la condena a Convergència por el caso Palau
- Qué!: El TS confirma la condena del exalcalde de Santa Coloma por Pretoria
- Público: Los hechos probados de la sentencia del caso mascarillas
- Artículo 14: El Supremo confirma las condenas de Ábalos y Koldo
- BOE: Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público
- Euronews: La Audiencia Nacional condena a Granados por la Púnica
- Valencia Plaza: Sentencia del Supremo en Nóos
- Legal Today: El Supremo condena a Urdangarin a 5 años y 10 meses
- Público: El TS aumenta la condena a Roca a 17 años
- Público: El Supremo confirma la condena al PP por Gürtel
- elDiario.es: Génova 13 y la caja B del PP
- El Independiente: Condenado el chófer por gastarse el dinero de los ERE
- Ara: El TC anula condenas del caso ERE
- BOE: Ley 3/2015, reguladora del ejercicio del alto cargo